Cuando hace unos años estuve durante varias semanas en el Reino Unido por razones de trabajo me sorprendió la importancia social que se le daba al debate sobre el presupuesto.
El día que el presupuesto se presentaba al Parlamento había una programación especial de televisión para explicar y discutir su contenido. Y los que debatían no eran sólo políticos. También economistas, directivos de empresa, representantes sindicales y profesionales de distinta naturaleza analizaban detenidamente la propuesta del gobierno y valoraban cada una de sus decisiones en materia de ingresos y gastos.
Al día siguiente los periódicos dedicaban suplementos especiales con un nivel de detalle que permitía a cualquiera con un cierto nivel cultural hacerse una idea de cuáles eran las prioridades políticas manifestadas en aquellas cuentas.
En España esta preocupación por el presupuesto nunca ha existido. Y cuando surje, en los últimos años, lo hace como acostumbramos en nuestra historia reciente: por razones de geografía y a base de consignas.
O sea, que el asunto consiste en si se salda con Andalucía la deuda histórica, si para cumplir el ratio de inversiones del Estatuto catalán computan o no las partidas más inverosímiles o si para el presupuesto de Madrid se deben tener en cuenta las remodelaciones del mobiliario de los ministerios. Puro disparate.
No es de extrañar que una sociedad que le da esta importancia a qué parte detraen de lo obtenido lícitamente de su esfuerzo cotidiano y a cómo se gasta lo que le hurtan festeje en privado cualquier pequeña ratería al fisco y todas las formas de beneficiarse del despilfarro público que nos rodea.
En el fondo, a nadie le interesa que expliquen de dónde se obtienen los ingresos. Y sobre la base de qué tributos y qué contribuyentes ha evolucionado la recaudación respecto al año anterior. En qué se gasta cada euro. Cuánto va a los partidos ayunos de militantes. Y cuánto a los sindicatos a los que casi nadie se afilia. Cuánto se dilapida en replicar el entramado burocrático en cada comunidad autónoma. Y cuánto a subvenciones de cineastas, literatos, músicos y profetas varios (cuya obra me gusta apreciar, pero me jode se financie porque sí y con independencia de su calidad y reconocimiento social).
Me gustaría saber qué porcentaje real de los ingresos se destina a justicia, policía, infraestructuras, educación y sanidad (objetivos esenciales del Estado para lograr una sociedad justa). De lo restante, tal vez algo sea necesario, pero la mayoría es sólo un primitivo e injusto sistema de redistribución de la riqueza. O de mantenimiento de privilegios de castas y aseguramiento de la reelección. En el mejor de los casos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario