De vuelta y a vueltas… con las descargas

Después de varios meses de ausencia cibernética en esta bitácora, ocupado por aficiones y obligaciones varias, reintento este peculiar modo de comentar la actualidad y algunas diversiones.

Y vuelvo con algo que ocupa en estos días páginas enteras de los periódicos y minutos estelares en las noticias de radio y televisión: la regulación propuesta para poder cerrar páginas de Internet por vulnerar derechos de autor. Resumidamente, la evolución del asunto es como sigue:

1. En una disposición adicional o final de la Ley de Economía Sostenible (una ley que más allá de su contenido, que no toca comentar ahora, tiene una técnica legislativa absolutamente nefasta), el Gobierno propone crear un organismo administrativo que, si considera que una página web vulnera derechos de autor, pueda ordenar su cierre.

2. Diversos blogeros e internautas que hacen que esta condición (bastante común), un calificativo de su persona y a veces un modo de vida, elaboran un manifiesto contra esa disposición y el Ministerio les convoca a una reunión urgente con la Ministra a la que acuden pertechados con sus portátiles y de la que van dando cuenta en tiempo real a través de sistemas varios (blogs, twitter y otras parafernalias tecnológicas diversas). Al final, la reunión es sólo un medio publicitario para las dos partes, pero no se acuerda nada.

3. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley citado donde sigue existiendo el organismo administrativo en cuestión, pero se añade que si éste considera que una página web vulnera la ley, debe proponer su cierre a los Juzgados de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que, en un plazo de cuatro días, debe escuchar a todas las partes y decidir si se cierra o no la página.

4. Los internautas y blogueros profesionales vuelven a reunirse y consideran que la decisión del Gobierno afecta a derechos fundamentales y libertades en Internet, aunque todavía no concretan qué van a hacer porque como el texto del Proyecto de Ley aún no ha sido publicado, no es posible conocerlo en detalle.

Con esta limitación indicada (la falta de conocimiento exacto del texto del Proyecto de Ley), avanzo que, a mi juicio, lo que ha hecho el Gobierno es una barbaridad, y los internautas profesionales equivocan el tiro.

El problema de la propuesta inicial del Gobierno era que la propia Administración (y no un órgano judicial) quien decidía cerrar o no una página web. Y si asimilamos las páginas webs (algunas puede tener sentido hacerlo, otras no) a medios de información, el artículo 20.5 de la Constitución establece que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”. Con lo cual, la propuesta inicial del Gobierno era manifiestamente inconstitucional (al menos en lo relativo a páginas webs que puedan considerarse “medios de información”) y la actual no tiene esta objeción.

¿Cuál es, entonces, el problema? La excepcionalidad del mecanismo judicial previsto. Cuando en España hay delitos de robos, asesinatos, secuestros o extorsiones que tardan años en decidirse, cuando hay casos de expropiaciones, indemnizaciones por actuación incorrecta de la administración, decisiones sobre si una construcción es legal o no que sólo llegan cuando la sentencia no puede ejecutarse, cuando se tardan meses o años en echar a un inquilino que no paga, cuando un procedimiento concursal de una empresa dura varios años (cuando si se resolviera en semanas, como sucede en otros países, podría en ocasiones volver a la actividad y, en otras, liquidarse maximizando su valor),… Cuando, en definitiva, nuestro sistema judicial está colapsado y precisa de más jueces, de más medios y de más especialización, crear un mecanismo en el que se obliga a los jueces a resolver en cuatro días un tema absolutamente irrelevante social y económicamente es una irresponsabilidad absoluta, que sólo justifica el perpetuo interés propagandístico de este Gobierno.

Por eso, lo que les debería preocupar a los profesionales de los blogs (como ciudadanos que son, antes que como internautas) es que se diera a los derechos de autor una importancia que no se da a las víctimas de un robo, a los familiares de un asesinado, a quienes son víctimas de la mala práctica de la administración, a quienes se ven afectados por el proceso concursal de una empresa,… Porque el Gobierno, que a veces olvida que le pagamos entre todos a los que nos tritura con impuestos, debería dedicar su tiempo y su esfuerzo a las cosas importantes (y la mejora de la Justicia, lo es). Y no armar el alboroto con temas absolutamente menores e irrelevantes.