El derecho a una vivienda digna es mucha más que un derecho constitucional. Es un requisito básico de convivencia en una sociedad civilizada. Y una consecuencia de la solidaridad más elementa.
Igual que no puede dejarse a nadie que muera de hambre, no puede hurtarse a nadie su derecho a que disfrute de un lugar en el que, sin necesidad de lujos, pueda desarrollar su vida.
Pero eso no tiene nada que ver con la necesidad de hacer propietarios de estas viviendas a quienes las necesitan, coyunturalmente o por periodos más largos de tiempo. Ni siquiera a que sea el Estado quien deba facilitársela (en especial en los casos en los que ellos pueden acceder al mercado libre y recibir mediante desgravaciones fiscales parte del importe destinado a su alquiler). Y menos aún a que lo haga a costa de otros propietarios (reservando en todos los desarrollos urbanísticos parcelas para VPO) en vez de hacerlo con los ingresos generales recaudados de acuerdo con la renta, el patrimonio y el gastos del conjunto de los ciudadanos.
En esto, la distinción entre partidos no siempre es clara. En Madrid, por ejemplo, con una presidenta que se denomina liberal, es donde mayor reserva para VPO tiene que haber en cada nueva actuación. ¿Me explica alguien qué tiene esto de liberal?
Eso sí, no se le ha ocurrido lo que al presidente andaluz, que promete ayudas y derechos consagrados legalmente para todos los que ganen menos de 3.000 euros al mes (la inmensa mayoría en su comunidad autónoma).
¿No sería mejor no segmentar el mercado y dejar que todos -salvo los excluidos- acudieran al mercado libre? ¿Y ayudar luego a cada uno con subvenciones o desgravaciones proporcionales a su renta y teniendo en cuenta el coste medio del alquiler de viviendas en cada localidad?
Tal vez diera menos votos. Pero sería más eficaz. Y también más justo. (Si tengo tiempo un día de estos les explico por qué).
jueves, 6 de septiembre de 2007
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1 comentario:
Ya puestos la constitución podría garantizar un PALACIO DIGNO, que un marqués de mi alcurnia no merece menos.
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