El
debate del 11 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados
sobre la encrucijada en la que el desacato constitucional de las
instituciones de la Comunidad Autónoma Catalana ha puesto al
conjunto de las instituciones del Estado español ha sido
esclarecedor, aunque ha faltado decisión para afrontarlo con todas
sus consecuencias.
Más
allá de las continuaciones apelaciones a los sufrimientos de los
socialistas en aras de la libertad de este país de Margarita Robles
para suplir la presencia en el estrado de su líder, de la
indisimulada impaciencia de Rivera para tratar de aprovechar
electoralmente la situación o de la indecencia de Pablo Iglesias al
utilizar la figura de Adolfo Suárez para reivindicar posiciones
políticas que éste nunca hubiera aceptado, el enfoque del problema
se articula entre la apelación de Rajoy a la ley y la Constitución,
la de Campuzano a la realidad nacional de Cataluña y su consecuente
derecho a decidir si quieren construir un Estado propio y la de
Esteban a la posibilidad de cerrar para el futuro este debate a
través de una “ley de claridad” similar a la canadiense.
Como
se afirmó en diversas ocasiones, el debate actual no es de
competencias ni de financiación. O, por mejor decir, no es sólo de
competencias y de financiación. El verdadero debate es si una parte
de España (en este caso, Cataluña, eventualmente el País Vasco y,
si se planteara, otros territorios) tienen derecho a decidir la
posibilidad de constituirse en un estado propio. La respuesta de
Rajoy, a mi juicio muy pobre, es que la Constitución determina que
existe una sola soberanía nacional y que, por tanto, ese debate no
puede ni siquiera mantenerse si no se abre un proceso de modificación
constitucional que lo habilite. Y que ese debate, si se planteara,
sería de exclusiva competencia española, por lo que no se precisan
mediadores de ninguna naturaleza. Por el contrario, los líderes
nacionalistas de la extinta CiU y del PNV reivindican (no es nuevo)
la consideración nacional de Cataluña y las Vascongadas.
El
respeto a la ley que proclamó Rajoy y al que se adhirieron el PSOE y
Ciudadanos es una premisa básica del Estado de Derecho y de la
convivencia en libertad y armonía. Pero no debe olvidarse el poder
jurídico de lo fáctico. Como alguno advirtió antes del 1 de
octubre, si una persona atenta contra la ley es un problema policial;
si atentan 10, es un problema judicial; pero si atentan más de 100
es un problema político.
Que
más de dos millones de catalanes aspiren a tener todas las ventajas
de ser españoles y europeos sin contribuir al sostenimiento de
España ni de Europa y eligiendo las normas que les apetece cumplir
no les otorga derecho ni razón alguna, pero obliga a los legítimos
poderes de la nación española a explicarles por qué lo que
pretenden no es viable, es injusto y resulta delirante. Sin atacar su
fábula independentista en Cataluña, en el conjunto de España y en
Europa, ésta tenderá a repetirse de tanto en tanto.
Por eso es imprescindible aclarar, con contundencia, que España es una única nación; que cualquier poder que tenga la comunidad autónoma catalana deriva del conjunto de los españoles y será tan amplio o limitado como el conjunto de estos deseen; que los catalanes no tienen soberanía alguna; que el conjunto de su pueblo es tan respetable como lo es Villanueva de la Serena o Las Pedroñeras, pero tan inhábil para constituir un nuevo país en la comunidad internacional como cualquiera de estos. Obviamente, Cataluña es respetable y sus instituciones lo son; pero si no cumplen la ley, el Estado de Derecho exige hacer todo lo preciso para que vuelvan a la legalidad.
Parece claro, evidente. Pero a veces hay que insistir. Aunque no resulta apetecible ni eficiente destinar tiempo, recurso ni
sentimientos a defender lo obvio.
