Educación para la ciudadanía

Cualquier sociedad que quiera caminar en paz necesita compartir unos valores.

En España, los años de dictadura construyeron la ficción de que todos los ciudadanos compartían los principios que sustentaban el régimen. Después, la transición, modélica en muchas cosas, se preocupó más de evitar los conflictos y cerrar las heridas que de construir una ética civil compartida y con-sentida.

Ahora, cuando el Gobierno incluye en el sistema educativo la asignatura de educación para la ciudadanía se produce una rebelión por parte de la sociedad que siente que el Estado se está inmiscuyendo en el ámbito de los valores y las creencias más profundos, respecto a los cuales sólo los padres estarían legitimados para decidir cuáles se deben transmitir a sus hijos.

Y es que el principal error respecto a esta nueva asignatura no es que se haya añadido al curriculum, sino que se ha hecho sin un mínimo debate social que, a mi juicio, debería haberse producido respecto a dos cuestiones esenciales. La primera, cuál es el ámbito educativo (en materia de conocimientos y de valores) que corresponde al Estado y cuál el que es responsabilidad exclusiva de las familias. Y, en segundo lugar, cuál es el conjunto de valores compartidos que resultan imprescindibles para la convivencia en paz y que, en consecuencia, deben ser objeto de transmisión a las nuevas generaciones, para su conocimiento, aceptación y práctica.

Sin este debate, cualquier planteamiento de la nueva asignatura está abocado al fracaso. No porque se curse o no, sino porque sin el convencimiento generalizado de los padres y profesores sobre la necesidad y conveniencia de esta materia (y de su contenido) será imposible que se le otorgue la relevancia que, sin duda, debería tener.